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La directiva europea que ahora se transpone al ordenamiento jurídico español establece requisitos específicos con la finalidad de facilitar la identificación de los accionistas, la transmisión de la información y los derechos de los accionistas; incrementar la transparencia de los inversores institucionales, los gestores de activos y los asesores de voto (proxy advisors); reforzar el control y la transparencia de la remuneración de los administradores; y mejorar la supervisión y la transparencia de las transacciones con partes vinculadas.

El plazo para presentar comentarios termina el 14 de junio de 2019. El texto completo del anteproyecto puede consultarse en este enlace y las novedades que introdujo la directiva europea fueron analizadas en el siguiente comentario de Garrigues: Modificación de la Directiva sobre los Derechos de los Accionistas.