“Vamos a hacer un Registro Civil Público gratuito, universalmente accesible, seguro y que garantiza que no se destruirá un solo puesto de trabajo. Estará a cargo de los registradores mercantiles, que tienen una experiencia contrastada. Y siempre bajo supervisión del Ministerio de Justicia.”
El Ministro Alberto Ruíz-Gallardón ha previsto, para el 2015 o 2016, el cambio de gestión del Registro Civil. Con ello no se producirá una modernización o mejora de su funcionamiento, sino más bien a un traspaso de competencia.
Actualmente, el Registro Civil está gestionado por jueces y funcionarios judiciales, sin ningún coste para los usuarios pero sí para todos los contribuyentes. A partir de la reforma, el Registro Civil pasará a estar en manos de los registradores mercantiles.
Los jueces y funcionarios que hoy en día se encargan del Registro Civil no cuentan con suficientes recursos públicos ni con un modelo organizativo estable, a pesar de que el Ministro insista en que se trata de una sobrecarga de tareas no jurisdiccionales que congestionan no sólo el propio Registro, sino también el sistema judicial.
Por el contrario, el Decano del Colegio de Registradores, el Sr. Aguilera, explica que los Registros Mercantiles, gracias a su auto-gestión, disponen de una buena organización, lo que facilita el buen desarrollo de la actividad registral. Esto es así, porque no dependen de los Presupuestos Generales del Estado, sino de unos altos aranceles pre-fijados por el servicio a prestar. Es decir, el Registro Civil se sostiene de fondos públicos, y los Registros Mercantiles y de la Propiedad por elevados honorarios a cargo de los usuarios del servicio.
El Decano, en nombre de todo el colectivo, pone de manifiesto la potencial problemática organizativa que se puede suscitar. Existen varios riesgos. Uno de ellos es el gran volumen de trabajo que deberán asumir los Registradores, manteniendo el coste cero para los usuarios en caso de registros civiles. Por si no fuera suficiente, existen 430 oficinas del Registro Civil, (un Registro para cada término municipal) con un total de 5000 funcionarios asumiendo la función administrativa, mientras que sólo hay 120 registradores mercantiles en un total de 60 oficinas (un Registro Mercantil por capital de provincia) que cuentan con una plantilla total de 1600 personas (cuestión que no parece preocupar al Ministerio de Justicia). El otro problema destacado es que, como consecuencia directa de la complicación anterior, es muy posible que los servicios prestados por el Registro Mercantil se encarezcan para poder mantener la gratuidad de los servicios del Registro Civil (certificados y expedientes).
En conclusión, cabe advertir que si finalmente se aprueba este “cambio de manos” no sólo no se mejorará la organización del Registro Civil, sino que además se entorpecerá, se perjudicará y se colapsará un Registro que, hasta ahora, funcionaba correctamente.
Marta Boza i Rucosa
