A la caída de la facturación sufrida por las restricciones anticovid se le ha añadido un nuevo quebradero de cabeza a los propietarios de negocios en los centros comerciales de La Maquinista, Glòries y Splau. Su casero, Unibail Rodamco, les ha anunciado que no acatará el decreto de la Generalitat para rebajar alquileres y, en cambio, se acogerá al que aprobó semanas después el Gobierno central, mucho más favorable a sus intereses, ya que permite aplazar pagos además de rebajar rentas, pero siempre con situaciones mucho más restrictivas que las fijadas por la Generalitat.
El malestar y la desesperación es creciente entre el colectivo. Más de un centenar de afectados han cursado recursos para frenar la decisión comunicada a finales de diciembre por el gigantesco promotor inmobiliario francés, que se teme que pueda ser replicada también por otros operadores. Aunque solo les han comunicado su intención de acogerse al real decreto estatal a través de una carta –a la que ha tenido acceso este diario– y no al decreto autonómico, los comerciantes temen que Unibail Rodamco opte por no reducir el alquiler y sí apueste por la vía de aplazar los pagos, lo que complicaría todavía más la posición de tesorería a futuro de los establecimientos afectados.
Esa fórmula supondría una carga adicional a unos gastos que ya estarán comprometidos por créditos ICO y supone romper la tesis de la Administración catalana de que las pérdidas deben ser repartidas entre todos los agentes económicos afectados.
Unibail Rodamco, que ayer no respondió a las preguntas efectuadas por este diario, pretende con esa medida sortear el decreto que aprobó el Gobierno catalán, que abría un proceso automático a través del cual los inquilinos afectados por medidas para paliar la pandemia que mermaban su capacidad operativa podían beneficiarse de descuentos en los alquileres. Aquellos que se vieran forzados a cerrar por las medidas de distanciamiento social podían reducir a la mitad las rentas que pagan habitualmente, mientras que los comercios que sufrían reducciones de aforos podían descontar de sus contratos de alquiler la mitad de su afectación. Es decir, en el caso de ver reducido un 30% su capacidad para la entrada de clientes, el descuento en el contrato tenía que ser del 15%. Además permitía que en el caso de tres meses de cierre (de forma discontinua) a partir de la aprobación del decreto, los comerciantes podían cancelar el contrato sin tener que indemnizar al operador.
La defensa de los comerciantes, articulada a través de Fieldfisher JAUSAS, argumenta que es la Generalitat la competente en materia comercial y, por tanto, prevalece su decreto autonómico. Pero también se ciñen al propio decreto que aprobó el Gobierno central que, en una de sus disposiciones finales, señala que su norma debe aplicarse “sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan”.
