Primer victoria para el pequeño comercio. Un magistrado de Madrid ha decidido que Klépierre, dueño de varios centros comerciales de España, no pueda ir contra el aval del local de uno de sus clientes y tampoco incluir al arrendatario en una lista de morosos hasta que se dicte sentencia, según un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli. En el caso de que se haya ejecutado el aval, el arrendador no podrá pedir uno nuevo.
Se trata de la primera medida cautelar que se dicta en España contra este gigante francés, dueño de La Gavia, Plenilunio o Príncipe Pío en Madrid y también del Centro Comercial Meridiano en Tenerife. En el auto el juez también reconoce que la pandemia puede afectar gravemente a las ventas hasta 2022, por lo que ejecutar el aval podría perjudicar la solvencia y la obtención de crédito posteriormente
«La situación derivada de la pandemia de la covid-19 ha afectado profundamente a la situación económica y financiera de la demandante, que se ha visto obligada a mantener el negocio cerrado durante un dilatado periodo de tiempo, habiendo disminuido significativamente las ventas durante el año 2020, siendo negativas as previsiones de resultados hasta el ejercicio 2022, pudiendo suponer un evidente riesgo de insolvencia la ejecución del aval, así como la inclusión de la demandante en un fichero de morosos como consecuencia de la falta de pago de las rentas de marzo y abril, lo que impediría a la demandante acudir a la financiación externa», señala el auto.
Esto quiere decir que dicho comercio no tendrá que pagar el alquiler hasta sentencia y si le da la razón, nunca. Así lo explican desde la Plataforma de Afectados por la covid-19 de los centros comerciales (PAC), una asociación que ha sido creada para defender los intereses de más de 400 tiendas y que cuenta con el asesoramiento legal del despacho Fieldfisher Jausas.
«La fuerza negociadora del grupo y la obtención de medidas cautelares como el caso Klépierre esperamos que facilite la una negociación para todos los clientes ya que se trata de un auto muy rotundo. El objetivo de la PAC sigue siendo alcanzar acuerdos y solo poner demandas en caso de ser necesario», señala Jordi Ruiz, presidente del bufete anteriormente mencionado.
Ruiz expone asegura que los centros comerciales siguen con una postura muy rígida. «Sólo se han firmado siete acuerdos de los cerca de 400 locales adscritos a PAC porque pese a las incesantes noticias sobre los rebrotes y el contagio masivo, la mayoría de éstos C se niegan a asumir que la afectación de la pandemia es a largo plazo», critica.
En este momento hay otras 15 demandas interpuestas contra propietarios de centros comerciales que han amenazado con ejecutar avales o desahucios lo que podría dar lugar a precedentes muy valiosos. La PAC incluirá también locales de aeropuertos cuyas circunstancias son similares.
Esta plataforma quiere negociar condonaciones para el periodo de confinamiento y renegociar los contratos de alquileres hasta 2022 según los ingresos de los locales con la nueva normalidad.
