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En los últimos tiempos hemos escuchado diversas noticias relacionadas con la aprobación o denegación en Catalunya de licencias para diferentes proyectos de índole turística. Por un lado, y con la llegada de Ada Colau al Ayuntamiento de Barcelona, la prensa ha informado d que se ha detenido la tramitación de unos 35 proyectos de alojamiento turísitco en la Ciudad Condal; sin embargo, se informaba de que otros 51 poryectos de la misma índole tienen los permisos necesarios para tirar adelante. En pararlelo, al inicio del otoño se anunciaba la petición de la CUP para que se paralizase el proyecto para construir el complejo BCN World en los terrenos que posee La Caixa cerca de Port Aventura.

Salvo que uno sea especialista en cuestiones urbanísitcas, la situación puede parecer tremendamente arbitraria: ¿cómo puede ser que la licencia para un negocio hotelero o para un proyecto turísitco de fuerte inversión pueda cambiar en función de las mayorías plíticas de turno? ¿Qué seguridad jurídica ampara a los emprendedores de estos negocios? Intentaremos explicarlo analizando por separado los dos casos expuestos anteriormente. 

Veamos primero la cuestión de la paralización de las licencias en Barcelona. la concesión de una licencia urbanística es lo que se denomina "un acto administrativo de naturaleza reglada"; es decir, que si las solicitudes de licencia se adaptan al ordenamiento aplicable, éstas deben concederse.

Por este motivo, el Ayuntamiento de Barcelona no podía paralizar los 51 proyectos turísticos que estaban en marcha pues o bien habían obtenido la licencia con anterioridad o bien disponían del correspondiente cerificado urbanísitco; esta licencia no podría haberse revocado aunque se hubiera cambiado o detenido el plan urbanístico.

Lo que sí permite la ley a las autoridades es la modificación del planeamiento urbanístico. Con la finalidad de estudiar su formación o reforma, de instalación o ampliacion de actividades o de usos concretos. Y ésa es exactamente la situación de los 35 proyectos turísticos paralizados en Barcelona: no contaban aún con la licencia urbanística por lo que el ayuntamiento tenía la potestad de suspender el otorgamiento de nuevas licencias hasta la aprobación del nuevo plan. Como se ve no hay inseguridad jurídica.

El caso del proyecto BCN World es distino: lo que solicitaba la CUP era la paralización de la tramitación del plan director urbanísitco, el cual actualmente se encuentra en la fase de información pública, transcurrida la cual y, dependiendo de las modificaciones solicitadas, debería volverse a aprobar inicialmente o aprobarse definitivamente.

A pesar del procedimiento que legalmente debería seguirse, la realidad es que, ante un gobierno en funciones y a expensas de la formación del gobierno de la Generalitat, aquí sí que nos encontramos en un momento de indefinición y de cierta inseguridad que no permite vaticinar qué ocurrirá con este plan director.