La propuesta pretende crear un marco legal que fomente una cultura energética sostenible basada en el ahorro, el uso de tecnologías más eficientes y fuentes de energías renovables, a través de medidas orientadas, principalmente, a la gestión de la demanda.
Una de las preguntas más frecuentes de los usuarios tiene que ver sobre qué tarifa puede ayudarles a ahorrar, entre todas ofertas del mercado. Y aunque no existe una tarifa mejor para todo el mundo, ya que cada persona tiene unas necesidades y forma de consumo diferentes, lo cierto es que hay una tarifa que suele tener un precio más bajo que la mayoría de ofertas.
Desde la reforma energética con entrada en vigor en 2009, los consumidores pueden elegir una tarifa entre el mercado libre, donde las empresas privadas ponen los precios, con la posibilidad de ofrecer descuentos y promociones, y el mercado regulado, en el que el Estado fija los precios en función del resultado del mercado mayorista de electricidad, también conocido como pool. La tarifa del mercado regulado se llama tarifa PVPC y presenta un precio por el kWh diferente cada hora, dando como resultado 24 precios distintos al día. Según las asociaciones de consumidores como Facua (Consumidores en Acción), la tarifa PVPC con discriminación horaria mejora el precio con respecto a las tarifas del mercado libre y puede contribuir a conseguir un ahorro si se concentra el consumo durante el periodo promocionado, es decir, en las horas que transcurren durante la noche.
Uno de los inconvenientes de esta tarifa es que solo se puede contratar con las comercializadoras de referencia (COR), como Viesgo, CHC o Iberdrola en Zaragoza. Además de poder contratarse por teléfono o vía online, es posible acudir a una de las oficinas de atención al cliente de Viesgo, CHC o Iberdrola en Zaragoza.
La proposición de ley de ahorro y uso eficiente de energía fue presentada por organizaciones ecologistas y pretendía crear un marco legal que fomentara la cultura energética sostenible con base en el ahorro, la utilización de fuentes de energías renovables y tecnologías eficientes, con el uso de medidas orientada a la gestión de la demanda.
La propuesta pone sobre la mesa la necesidad de ampliar la disponibilidad de auditorías energéticas al alcance de todos los usuarios, con especial hincapié en las pymes y los sectores residencial-terciario, para el cumplimiento de criterios de eficiencia energética en la construcción y mantenimiento de edificios y la planificación territorial. Las tarifas eléctricas y los precios deberán establecerse de forma que expresen los gastos sociales y medioambientales fruto del uso de energías procedentes de fuentes no renovables.
