Un contrato de prestación de servicios se da cuando una de las partes se obliga a prestar determinados servicios a la otra. Por contra la otra parte se obliga a una contra-prestación, por lo general dineraria, para el prestador de los servicios. El incumplimiento de contrato de prestación de servicios se da cuando una de las partes no asume su obligación. Es decir no cumple con lo acordado vía contrato. Lo que nos interesa en este punto son las diferentes opciones ante ese incumplimiento. ¿Qué podemos hacer si la otra parte no cumple? Se nos plantean ante nosotros tres vías de actuación que veremos a continuación.
Nos dirigiremos a la parte que no cumple con su obligación. La idea es conseguir un nuevo compromiso para que un plazo determinado lo lleve a efecto. El plazo que deberíamos acordar debe ser lo más razonable posible. Lo cierto es que dependerá en gran medida de la voluntad de cada parte. Nosotros como actores que reclamamos el cumplimiento del contrato debemos asegurarnos de que esa petición quede registrada. Con el fin de poder usarla en las siguientes vías. Nuestro consejo es claro, si se puede llegar a un acuerdo extrajudicial mejor que mejor. Siempre que el mismo satisfaga nuestras necesidades y lo acordado en el contrato inicial. El uso del burofax para estos requerimientos es más que aconsejable.
Cuando la parte que incumple no hace caso de nuestra reclamación podremos usar la medicación como paso previo a una demanda. La demanda por incumplimiento de contrato de prestación de servicios debe ser la última opción. Dejar en manos de un tercero una medicación puede llevarnos a otro pacto vinculante. Pero siempre corremos el riesgo de la negativa del incumplidor. Hay un trámite similar que sería intentar un Acto de Conciliación. Es una formula que no tiene mucho recorrido, pues es complicado que la otra parte reconozca el incumplimiento. Se presenta un escrito en los juzgados. En él se solicita que la otra parte reconozca judicialmente los errores en el cumplimiento del contrato o su incumplimiento. Como decimos el éxito es casi improbable, pues sería dejar constancia del incumplimiento previamente a la vía judicial. Sería aceptar su responsabilidad y llegados a este punto no parece lo más probable.
Cuando las primeras vías se demuestran incapaces solo nos queda la presentación de una demanda. Acudir a la vía judicial que debe ser en principio la última opción. Se interpone demanda por procedimiento verbal u ordinario. Todo depende del objeto del contrato o de la cantidad que se reclama. Otra vía interesante es la del procedimiento monitorio. Esta vía es muy interesante si lo que reclamamos es que no se nos ha pagado por los servicios prestados.
Una resolución de contrato pretende revertir la situación al punto anterior a la celebración del mismo. En suma se obliga a las partes a la restitución de lo que se haya recibido en virtud del mismo. Será el Juez el que debe interpretar esta resolución del contrato. Entre los supuestos más frecuentes para la resolución de contratos es el incumplimiento del plazo de duración de los mismos.
Dos son los procedimientos judiciales para reclamar por el incumplimiento de un contrato. Por un lado el procedimiento verbal y por el otro el procedimiento ordinario. El primero se utiliza en reclamaciones de un importe menor de seis mil euros. Requiere la presencia de abogado y procurador siempre que el importe sea mayor de dos mil euros. Se inicia interponiendo demanda contra la otra parte, la misma se traslada a la otra parte para que conteste a la misma. Después de la contestación se fija fecha del juicio. En el juicio se practican interrogatorios y pruebas por ambas partes. Como es evidente una de las partes intenta demostrar el incumplimiento y la otra que se ha cumplido.
El procedimiento ordinario es lógicamente para los asuntos en los que se reclaman más de seis mil euros. O para aquellos que debido a su complejidad la cuantificación de la reclamación es imposible. En este procedimiento siempre se precisa de abogado y procurador. La demanda interpuesta debe ser contestada por la otra parte en un plazo de veinte días. Tras esto se fija fecha para una audiencia previa. Se trata de un acto en el que las partes expondrán al Juez sus posiciones, así como las pruebas que quieren usar y el fin último de las mismas. En ese acto el Juez puede o no aceptar todas o algunas de las pruebas solicitadas. Pasado este trámite se fija fecha de celebración del juicio. Se practicarán las pruebas solicitadas y aceptadas, así como los interrogatorios de las partes. Quedando la última palabra a cargo del Juez.
