Durante el Pleno del Congreso celebrado ayer, Dolores Delgado, ministra de Justicia, amenazó con aplicar sanciones a aquellas entidades financieras que recurren hasta el final las condenas en pleitos sobre cláusulas suelo para desincentivar a futuros recurrentes.
Se trata de una práctica bastante extendida en el sector y que implica que los consumidores no cobren el dinero hasta tener sentencia firme. Hasta ahora, los clientes han ganado el 97,6% de los casos en primera instancia, según las estadísticas del Poder Judicial.
La ministra habló de la necesidad de “medidas preventivas” para castigar a las entidades que incurran en maniobras disuasorias.
Fuentes jurídicas consultadas señalaron que, más que sanciones directas, el Ejecutivo estaría pensando en elevar los intereses de demora sobre la cantidad a pagar al consumidor que los jueces dictaminan cuando hay condena. Esos intereses suelen corresponderse con el interés legal del dinero, que es el 3%.
Este anuncio generó sorpresa entre abogados y banqueros, porque puede generar indefensión ysería discriminatorio.
“Elevar esos intereses moratorios sería una forma indirecta de coartar el derecho de defensa de los bancos. Todos tenemos que tener libertad para defender nuestro legítimo interés con los mecanismos que hay a nuestro alcance”, explica José Ruiz Gallardón, socio de Ruiz Gallardón Abogados.
Jordi Ruiz de Villa, socio de Litigación Bancaria en Fieldfisher JAUSAS, subraya que los bancos tienen derecho a defenderse hasta el final, pero que deben tener en cuenta que alargar los procesos tiene “un coste reputacional bárbaro”.
Desde que en 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló a favor de los consumidores, la banca ha recibido 1,13 millones de peticiones de reembolso del dinero cobrado por no haber trasladado al cliente toda la bajada del euribor.
De ellas, por la vía amistosa y negociada, la banca ha dado la razón a medio millón de reclamantes, que han recuperado 2.226 millones de euros.
Por la vía judicial han entrado 208.651 demandas, según los últimos datos conocidos, y se han dictado 22.899 sentencias.
El Consejo General del Poder Judicial puso en marcha en junio de 2017 un juzgado especializado en materia hipotecaria por provincia, a los que están destinados jueces que acaban de ganar la oposición. Su funcionamiento no ha sido eficaz porque están colapsados casi desde que nacieron. El competente en Madrid, el 101 bis, celebra 1.000 vistas al mes y ni siquiera así consigue disminuir el cuello de botella.
Para aligerar, en muchos casos ni siquiera celebra vista oral con los afectados, sino que todo se resuelve en una audiencia de diez minutos en la que los abogados aportan sus argumentos ante el juez.
El embudo es tal que el titular del juzgado especializado de Barcelona ha dejado de programar más fechas de juicios hasta que la lista de espera baje de un año.
