Desde el pasado 3 de octubre las multas, sanciones o notificaciones de la Administración Pública llegarán más rápido que nunca y por correo electrónico o SMS al teléfono móvil, según la opción que se elija. Mediante el enlace que enviarán, se podrá acceder a la notificación de forma sencilla.
Así se indica en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que entró en vigor el 3 de octubre, una vez fue ratificada por el Consejo de Ministros. Con esta medida se pretende reducir trabas burocráticas y ahorrar en la gestión.
Hasta ahora para la Administración no había sido fácil entregar notificaciones. Si, por ejemplo, se quería comunicar una multa o una citación a un ciudadano, la Administración debía hacerlo de forma presencial a través de una carta entregada por el cartero. Si el cartero no localizaba al destinatario, debía intentarlo tres días después. Si aun así no había logrado entregar la carta, era el ciudadano el que debía desplazarse a la oficina de Correos a recoger la notificación, algo que costaba bastante y por eso miles de multas se acumulaban en las oficinas de Correos.
Desde la entrada en vigor de la nueva ley, la Administración está enviando ya avisos a las direcciones de correos electrónicos comunicadas por los interesados informando de notificaciones, sanciones o multas, aunque el propio interesado no haya indicado la notificación electrónica como preferente. En estos casos, la notificación le será remitida también en papel.
Desde el 3 de octubre, la comunicación electrónica con la Administración será extensible también a personas jurídicas, como pymes e incluso los autónomos tendrán acceso a ciertos trámites. Hasta ahora, únicamente las empresas tenían la obligación de relacionarse de forma electrónica con las Administraciones Públicas.
A partir de ahora, todos los trámites administrativos de las empresas, sean con el Estado, la Comunidad Autónoma o su propio Ayuntamiento, se harán únicamente de forma electrónica.
La puesta en marcha de esta Ley traerá una notable reducción de cargas administrativas para ciudadanos y empresas. Trámites que hasta ahora eran obligatorios se eliminarán. A partir de ahora no se exigirá, por norma general, la presentación de documentos originales y, sobre todo, no se deberán presentar documentos elaborados por cualquiera de las Administraciones Públicas, como por ejemplo copias del DNI o certificados de empadronamiento.
Es, sin duda, una apuesta por la modernización de la Administración Pública que agilizará lo que hasta ahora eran procesos burocráticos lentos y pesados.
