La verdad es que 2021 no ha empezado con muy buen pie (tercera ola de pandemia, Filomena, el asalto al Capitolio, terremotos …), hasta el punto de suscitar jocosos memes en las redes sobre si echaremos de menos el 2020, o si podemos rechazar la ‘suscripción del 2021’ durante el periodo de prueba, por no convencer …
Pero el paso del tiempo es inexorable y aquí lo tenemos para todo un año, que esperemos sea de recuperación, aunque su comienzo no sea muy esperanzador, puesto que la pandemia no da síntomas de amainar y, por tanto, la crisis sanitaria no hace más que hundir más y más nuestra economía.
Para bien o para mal, no estamos solos en este camino de piedras, sino que, a nivel europeo, los rebrotes y las situaciones de emergencia sanitaria que se agudizan día a día, va mermando la economía de todos.
Ante esta situación, la Unión Europea ha puesto en marcha ayudas por valor de 750.000 millones, de los cuales 390.000 se prevé sean a través de subvenciones y 360.000 por medio de préstamos. Se estima que a España le llegarán 140.000 millones, de los cuales 72.000 serían ayudas no reembolsables. Esta ayuda se desplegará en cinco años.
Hay un cierto desconocimiento sobre el funcionamiento de estos fondos del Plan Europeo de Recuperación, pues las empresas interesadas no saben si sus proyectos son aptos para recibir las ayudas. Se diseñarán proyectos de carácter estratégico para potenciar la economía, pero se desconocen las condiciones a cumplir para el acceso a los mismos.
Entretanto, este pasado domingo, en una entrevista matinal en TV3, Josep Sánchez Llibre, Presidente de Foment del Treball Nacional, apelaba al Govern a conceder ayudas a fondo perdido a través de la condonación de ICOs; ¿con que fondos? Se prevé que, de la primera remesa de 34.000 millones de euros, 7.000 millones se dirijan directamente a las comunidades autónomas. No es mucho para emprender una acción muy contundente. Es posible que el resto tarde en aplicarse, vista la falta de planes concretos trazados a fecha de hoy. Pero, por de pronto, la Generalitat acaba de poner en marcha ayudas extraordinarias para el sector de la restauración, comercio al por menor, sector turístico y servicios asimilados del Ripollès y la Cerdaña, afectados por la COVID-19: entre 1.500 y 10.000 euros en función de la actividad, en una aportación única. El plazo para su petición expira el 28 de enero.
Para organizar las ayudas europeas, se ha promulgado el Real Decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que aporta una reducción de la burocracia, instaurando unas normas de colaboración de las empresas con la administración.
Cuando se leen, parece lo de “sírvase Ud. mismo”, lo que no va a venir a solucionar el desesperante sistema de citas instaurado por la Administración que, salvo honrosas excepciones, o no se dan, o se dan con semanas de espera; en ocasiones, para comprobar, el día y hora prevista, que no hay casi nadie más haciendo gestión alguna.
El Real decreto lo denomina Plan de Recuperación, Transformación y ‘Resiliencia’; siendo la Resiliencia la capacidad de las personas para sobreponerse a las adversidades, no resulta muy halagüeño, pues efectivamente, parece anunciar la necesidad de mucha resiliencia…
El Plan se estructura en torno a tres finalidades: (i) La puesta en marcha de instrumentos para la recuperación, (ii) medidas para animar a la inversión privada y apoyar a las empresas en dificultades, y (iii) reforzar la cohesión entre los Estados miembros para aprender de la crisis y reforzar el mercado único.
Ello se pretende llevar a cabo mediante parámetros que permitan acometer la transición ecológica y la transformación digital; y en este sentido el Real Decreto-ley adopta medidas de modernización administrativa -reduciendo los plazos de resolución de expedientes- y crea organismos para un seguimiento y control de los programas de inversión. Como decimos, hay todavía falta de concreción en dichos programas, pero se prevé que los proyectos sean de gran envergadura, evitando la tan habitual infrainversión, lo que obligará a formar UTEs para concurrir a los mismos.
Todas las administraciones, municipales, autonómicas o ministeriales, se habilitarán como ventanillas de información para que los interesados sepan cómo acceder a los programas.
En los proyectos propuestos, se valorará especialmente los que contribuyan claramente al crecimiento económico, al empleo y a la competitividad. Para impulsarlos, se podrán crear agrupaciones y consorcios público-privado, y sociedades de economía mixtas. En los proyectos privados en que colaboren varias empresas, un 40% de las mismas deberán ser Pymes.
Se espera que estos proyectos tengan un claro espíritu renovador y modernizador, apoyando nuevos sectores industriales y tecnológicos de futuro que nos aparten en lo posible de la dependencia del sector de servicios del ocio, lo cual es un objetivo harto ambicioso.
Esperemos que no se pierda esta oportunidad de oro. Europa será muy vigilante con el destino de los fondos; no es para menos, si recordamos el escándalo de las ayudas del Fondo Social Europeo para formación profesional de desempleados, en 2002 …
Además, la Comisión Europea acaba de lanzar una consulta sobre gobernanza empresarial sostenible, con el objetivo de alentar a las empresas a tener en cuenta el impacto medioambiental (en particular, en el clima y la biodiversidad), social, humano y económico en sus decisiones empresariales. Es un tema crucial para la maltrecha salud de nuestro planeta, pero se nos juntan tantos frentes que hará falta tesón, sacrificio, paciencia y, cómo no, la mencionada resiliencia.
Juan Núñez – abogado
