Preveíamos que 2018 (acceder al Post) vendría cargado de novedades legislativas, debido al número de iniciativas legislativas existentes o anunciadas. No obstante, y a pesar de algunas modificaciones sumamente relevantes para las empresas (Reglamento General de Protección de Datos, y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el Salario Mínimo Interprofesional, RDL 28/2018, entre otros) lo cierto es que los acontecimientos políticos del año frenaron esa actividad, lo que conduce a pensar que 2019 será un año fructífero en el ámbito de las novedades laborales. A continuación, destacamos las 5 iniciativas legislativas que, por su relevancia o avance en la tramitación parlamentaria, podrían ver la luz durante el presente año:
Parece que durante 2019 continuará la tramitación (iniciada hace más de 2 años) de la Proposición de Ley de modificación del art. 42 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados (BOCG 9 septiembre de 2016 y, enmiendas 3 mayo 2017). Esta reforma, impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista cuando estaba en la oposición, tiene un doble objetivo: (i) intentar clarificar el polémico concepto de “propia actividad”, identificándolo con la actividad principal o nuclear de la empresa principal, y (ii) equiparar las condiciones de trabajo de los trabajadores de las empresas subcontratadas de propia actividad a las de las empresas principales.
A estos efectos, deberá garantizarse a los trabajadores afectados por la contrata o subcontrata las condiciones esenciales y de empleo previstas en el convenio aplicable en la empresa principal, o las que fueran de aplicación si estuvieran contratados por el empresario principal directamente.
La Proposición considera condiciones esenciales las referidas a remuneración y cuantía salarial, condiciones de contratación, tiempo de trabajo y descanso, igualdad, protección de la maternidad, lactancia y paternidad y frente a riesgos laborales.
Esta proposición tendrá un gran impacto en las políticas de externalización de las empresas afectadas, así como en la negociación de los contratos de prestación de servicios entre empresas.
También continúa tramitándose la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, para incluir la obligación de registrar diariamente la jornada y el horario concreto de entrada y salida respecto de cada trabajador (BOCG 23 junio 2017).
Esta iniciativa trata de enmendar la jurisprudencia del Tribunal Supremo plasmada en sus sentencias de 23 de marzo de 2017 (caso Bankia, analizado en este Post) y de 20 de abril de 2017 (caso Abanca), que entendió que el actual art. 35.5 ET únicamente recoge la obligación de registrar las horas extraordinarias efectivamente realizadas, pero no la jornada ordinaria –a diferencia de lo que sí sucede con los trabajadores a tiempo parcial–, lo que obligó a la ITSS a adaptar su propio criterio interno (Post y Legal Flash).
A este recorrido jurisprudencial hay que añadir que la Audiencia Nacional ha planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre esta materia, y es de esperar que la decisión se produzca en breve (a día de hoy se ha pronunciado el Abogado General en las siguientes conclusiones).
Se han presentado por varios grupos parlamentarios políticos distintas Proposiciones de Ley cuyo objetivo principal es reducir o eliminar la brecha salarial en las empresas, dar más información a la representación legal de los trabajadores e imponer auditorías salariales. El objetivo común de estas iniciativas permite que sea previsible que los partidos alcancen algún consenso sobre esta importante materia y, en consecuencia, se acaben introduciendo nuevas obligaciones para las empresas.
Asimismo, el Grupo Parlamentario Unidos Podemos ha presentado una Proposición de Ley de reforma del sistema de permisos y prestaciones para el cuidado y atención de menores por parte de sus progenitores/as, en casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento(BOCG 7 mayo 2018).
Esta proposición pretende la modificación de estos permisos con la finalidad de que se disfruten de manera equilibrada por ambos progenitores y propone un “permiso parental inicial” de dos semanas, a tiempo completo, de carácter obligatorio e inmediato al nacimiento, adopción o acogimiento, y el “permiso parental para la crianza”, de 14 semanas de duración, de las cuales 4 serán de disfrute a tiempo completo y obligatorio, y 10 de disfrute voluntario y podrán tomarse a tiempo parcial. Este segundo permiso se implantaría gradualmente para el progenitor no biológico.
El PLPGE incluye algunas novedades relevantes a efectos laborales. En primer lugar, la ampliación del permiso de paternidad a 8 semanas (incrementándose 7 días en determinadas circunstancias), y la modificación del régimen de disfrute de la suspensión. En segundo lugar, se introducen dos nuevas bonificaciones a la Seguridad Social:
En conclusión, a la luz de las iniciativas legislativas en trámite, 2019 puede ser un año repleto de cambios relevantes en el ámbito laboral, si bien la configuración política actual es muy posible que provoque –de nuevo– una ralentización en dichas modificaciones.
Ana Campos y Jennifer Bel