La salud pública es un bien judicial que hace referencia a la defensa del bienestar colectivo, es decir, del conjunto de la sociedad. De hecho, aparece protegido en el artículo 43.2 de la Constitución Española, que establece la obligatoriedad de los poderes públicos de instituirla y defenderla mediante “acciones provisorias” y de “los servicios y prestaciones que sean necesarios”.
Este es el motivo fundamental por el que el Código Penal recoge delitos contra la salud pública. Pero ¿qué se entiende exactamente por ellos? ¿Cuáles son las penas establecidas? De todo esto y mucho más vamos a hablar profundamente en este artículo.
El delito contra la salud pública en el Código Penal aparece tipificado dentro del Capítulo III del Título XVIII. Su propósito es preservar este bien jurídico y castigar a todo aquel que atente contra él.
Ahora bien, ¿qué tipos de delitos contra la salud pública recoge el Código Penal? En este sentido, hay que diferenciar entre dos grandes variantes, que pueden estar o no relacionadas entre sí.
Aparecen tipificados entre los artículos 359 y 369 del Código Penal. En concreto, este texto legal hace referencia a:
Antes hemos hablado de sustancias tóxicas y dañinas para la salud, como son los estupefacientes y otras clases de drogas ilegales. A este respecto, el Código Penal tipifica como delitos su elaboración y venta. Incluso establece la prohibición del tráfico de sustancias precursoras necesarias para su producción. Todo ello aparece regulado en los artículos 370-378.
Conviene hacer hincapié en que algunos países definen como delito los actos de propagación de enfermedades. Es el caso, por ejemplo, de México o Argentina. Sin embargo, España no se encuentra entre ellos. Una cuestión que suscitó especial polémica durante las fases más duras de la pandemia de COVID-19.
Atentar contra la salud pública mediante el tráfico de drogas conlleva penas todavía más duras. Por ejemplo, el cultivo, elaboración y venta de sustancias estupefacientes será castigado con penas de cárcel de entre 3 y 6 años, así como con multas equivalentes al valor de la droga incautada multiplicado por tres.
Las penas previstas para la elaboración, distribución y venta de precursores según lo establecido en la Convención de Naciones Unidas son las mismas que hemos descrito anteriormente.
A la hora de redactar una sentencia por un delito contra la salud pública, el juez puede tener en consideración algunos atenuantes. Sería el caso, por ejemplo, de la ausencia de antecedentes penales por parte del acusado, de la intención que este tuviese al cometer la acción delictiva y de la cantidad de droga intervenida.
En este tipo de casos, el juez puede reducir la pena hasta los 6-12 meses de prisión y establecer la multa en el doble del valor de la droga incautada.
En cualquier caso, resulta clave contar con los servicios de un abogado penalista especializado en delitos contra la salud pública. Solo así será posible defender los derechos del acusado y optar a la menor pena posible.
