Son muchos los empresarios que, pese a los numerosos esfuerzos realizados para superar la crisis que nos ha acechado en los últimos años, se han visto abocados a una situación de insolvencia, en la que no pueden hacer frente a las cantidades debidas a sus acreedores. Es el temido momento de solicitar la declaración de concurso voluntario ante el juzgado de lo mercantil o esperar que cualquiera de los insatisfechos acreedores dé el paso.
Muchos emprendedores temen que éste sea el fin de tantos años de entrega y dedicación, pero, ¿realmente está todo perdido? En muchas ocasiones lo que se necesita es un cambio de modelo de negocio que le permita adaptarse a las nuevas circunstancias de un mercado que, poco a poco, parece volver a repuntar.
Eso sí, nadie dijo que fuera fácil. Es probable que la empresa se vea obligada a reducir el número de profesionales que tantos años le han acompañado, viéndose abocada a un proceso de despido colectivo que le permita, al menos, salvar a unos tantos y garantice la viabilidad futura del negocio.
Pero, ¿cuándo iniciar ese proceso? ¿Antes de la declaración de concurso de acreedores o una vez instada ésta? La lógica podría llevarnos a concluir que la plantilla comprenderá con mayor facilidad la drástica situación de la compañía y la necesidad de llevar a cabo medidas de reestructuración una vez que ésta haya sido declarada en concurso, pero, ¿es ésta la estrategia correcta?
Son muchos los factores que deben valorarse antes de tomar esta decisión: la situación patrimonial de la compañía; la calificación que puede merecer el crédito (indemnización) a favor de los trabajadores en función del momento en que se inicie el proceso; la intervención en el proceso de terceros ajenos a los gestores de la compañía (el Juez de lo mercantil, la administración concursal, el FOGASA, …); la urgencia de la adopción de medidas extintivas; si la compañía está integrada en un grupo de empresas; la corrección de las decisiones adoptadas por los administradores…
No es una decisión baladí y un adecuado asesoramiento jurídico por especialistas concursales y laborales permitirá abordar el proceso con las debidas garantías legales.
