“Quienes violan la normativa de competencia de los Estados Unidos y tratan de evadir la justicia no encontrarán ningún lugar donde esconderse”
Son palabras del Fiscal General Adjunto de la División Antitrust del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (Department of Justice, “DOJ”), tras hacer pública, el pasado 13 de enero de 2020, la extradición a este país de la Sra. Ullings, ciudadana holandesa y exvicepresidente de ventas y marketing de la aerolínea de carga Martinair (hoy parte de KLM-Air France).
La Sra. Ullings había sido acusada en el año 2010 por el Tribunal del Distrito Norte del Estado de Georgia (District Court for the Northern District of Georgia) por su supuesta participación en un acuerdo de fijación de precios de la carga aérea a nivel mundial.
De acuerdo con la información que ha sido publicada por el DOJ, entre 2001 y 2006 la Sra. Ullings habría presuntamente participado en una conspiración para eliminar la competencia en el mercado de transporte aéreo de mercancías, fijando y coordinando ciertos precios y recargos para los envíos de carga aérea, como los recargos por combustible, que se cobraban a clientes ubicados, entre otros lugares, en los Estados Unidos.
La Interpol había emitido, a petición del DOJ, una orden de detención y entrega contra la Sra. Ullings a nivel global (conocida como notificación roja) en noviembre de 2010. Sin embargo, no fue hasta julio de 2019 cuando la policía italiana detuvo a la Sra. Ullings en Sicilia mientras visitaba la isla. En un principio, la Sra. Ullings impugnó la extradición en los tribunales italianos, pero después de que el Tribunal de Apelaciones de Palermo dictaminara que debía ser extraditada, renunció a recurrir en apelación.
La Sra. Ullings se enfrenta ahora a una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de hasta un millón de dólares, conforme a lo dispuesto por la legislación norteamericana.
Junto con la Sra. Ullings, un total de 22 aerolíneas y 20 de sus directivos han sido acusados en la investigación del DOJ sobre fijación de precios de la carga aérea. Hasta la fecha, se han impuesto más de 1.800 millones de dólares en multas y siete ejecutivos han sido sentenciados a cumplir penas de prisión. La Comisión Europea, por su parte, también llevó a cabo una investigación en el mismo sector, que desembocó en multas de 776 millones de euros para 11 aerolíneas en 2017, tras haber sido anulada una primera decisión por el Tribunal General y readoptada posteriormente por la Comisión al no haber sido discutida la existencia de cártel en la sentencia (Case AT.39258 — Airfreight).
La extradición de la Sra. Ullings supone la segunda extradición de un ciudadano a los Estados Unidos por cargos exclusivamente relacionados con la infracción de su normativa de competencia (la conocida como Sherman Act), tras la entrega del ciudadano italiano Romano Pisciotti por parte de las autoridades alemanas, que ya comentamos en este blog.
De acuerdo con la información pública al respecto y si bien el número exacto se desconoce, decenas de personas en todo el mundo se encontrarían fugadas de la justicia americana por cargos relacionados con infracciones del derecho de la competencia. De hecho, varios ejecutivos de Air France y Asiana Airlines todavía no han comparecido ante los tribunales americanos por cargos relacionados con el mismo caso por el que la Sra. Ullings ha sido ahora arrestada.
Además de un tratado bilateral de extradición, para extraditar con éxito a un fugitivo a los Estados Unidos por violaciones de las leyes antimonopolio, es necesario el cumplimiento del principio de “doble incriminación” (dual criminality), que exige que la conducta perseguida sea calificada como una infracción penal en ambos países. Esto plantea un debate importante puesto que, a pesar de que existe una cierta tendencia de criminalización de las prácticas anticompetitivas, hasta el momento son pocos los países en el mundo que sancionan penalmente las vulneraciones de las normas antitrust y, de estos, algunos han limitado esta posibilidad a ciertas conductas, como las relacionadas con la manipulación de licitaciones públicas (bid rigging). Además, es habitual que los Estados rechacen extraditar a sus propios nacionales, bien porque así lo establecen las normas internas, como ocurre en Australia, Alemania, Brasil o Japón, o bien porque, de facto, no autorizan la extradición.
De cualquier manera, este caso es un ejemplo más del firme propósito del DOJ de perseguir y procesar a individuos extranjeros por violaciones de la legislación de defensa de la competencia. Además, el caso evidencia los múltiples mecanismos con los que cuenta este organismo para actuar más allá de sus fronteras, recurriendo a tratados internacionales de extradición y emitiendo órdenes de arresto globales por medio de la Interpol, tal y como contamos recientemente aquí. Desde 2009, 264 individuos han sido sentenciados a penas de prisión en EEUU por infracciones del derecho de la competencia, siendo 285 la media de días entre rejas en 2018.
La nota de prensa del DOJ sobre el caso se puede consultar aquí.
Alexandre Picón y Marta Simón
