Los procesos penales están estructurados en las siguientes fases: la fase de instrucción, la fase intermedia y la fase de enjuiciamiento o juicio oral.
En primer lugar, la fase de instrucción está dirigida a investigar los hechos denunciados e identificar a los presuntos autores que han perpetrado el/los delito/s en cuestión. Dependiendo del tipo de procedimiento, esta fase de investigación recibe un nombre: sumario para el procedimiento común; diligencias previas para el procedimiento abreviado y diligencias urgentes para el enjuiciamiento rápido.
Si bien, la esencia es la misma, es decir, la práctica de diligencias necesarias para determinar si procede abrir el juicio contra las personas investigadas. Dichas diligencias de investigación pueden acordarse de oficio o a instancia de las partes, teniendo presente que las partes acusadoras son las que han de quebrar la presunción de inocencia que tienen todos los investigados.
Por tanto, esta primera fase es muy importante tanto si eres acusación particular como defensa, pues son actuaciones que pueden fijar tanto la culpabilidad como la inocencia de las personas investigadas.
En segundo lugar, una vez concluida la fase de instrucción, comienza la fase intermedia para determinar si concurren o no los presupuestos necesarios para la apertura de juicio oral. Para ello se da traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones para que soliciten: (i) la apertura del juicio oral, formulando sus escritos de acusación; (ii) el sobreseimiento de la causa o (iii) diligencias complementarias.
De acuerdo con el principio acusatorio, el órgano judicial no puede dictar auto de apertura del juicio oral si ninguna de las partes sostiene la acusación y lo pide expresamente.
En tercer y último lugar, en la fase de juicio oral se practican las pruebas propuestas por las partes y que han tenido que ser admitidas por el órgano enjuiciador, con la finalidad última de condenar o absolver al acusado en la correspondiente sentencia.
