La Comisión Europea ha impuesto multas de 2.930 millones de euros – la mayor total en un solo caso de su historia - a cuatro fabricantes de camiones europeos por llevar a cabo durante catorce años prácticas colusorias constitutivas de cártel.
Según la Comisión, MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco y DAF fijaron precios, retrasaron la introducción de nueva tecnología más limpia de emisión de gases y trasladaron a los consumidores los costes de la adopción de dicha tecnología. Para ello, de acuerdo con la investigación, directivos de las empresas implicadas celebraron reuniones entre los años 1997 y 2004, a veces en el marco de ferias comerciales, y mantuvieron múltiples conversaciones telefónicas. A partir de 2004, el presunto cártel se organizaba a través de las filiales alemanas de las empresas, con frecuentes intercambios de información por vía electrónica.
La investigación comenzó en el año 2011, cuando la empresa MAN alertó a la Comisión Europea de la existencia de estas prácticas en el marco del programa de clemencia, resultando exenta de la obligación del pago de la sanción que le correspondía.
Posteriormente, el resto de los fabricantes admitieron haber cometido las citadas infracciones, por lo que se beneficiaron también de reducciones escalonadas en las cuantías de las sanciones que habrían sido impuestas, por aplicación del programa de clemencia y como resultado del procedimiento de transacción. Solamente Scania, perteneciente actualmente al grupo VW, permanece bajo investigación tras los intentos fallidos de llegar a un acuerdo con la Comisión Europea.
Daimler ha sido multada con más de 1.000 millones de euros, la mayor de las multas impuestas, seguida por la de 753 millones de euros a DAF, 670 millones a Volvo/Renault y 495 millones a Iveco, por aquel entonces parte de Fiat. La combinación de estas multas supone un nuevo récord para la Comisión Europea, superando los 1.400 millones de euros que en 2012 impuso al cártel de los fabricantes de tubos catódicos para televisores y pantallas.
Las cuatro empresas afirman estar convencidas de que los clientes no se han visto afectados. No obstante, la prensa se ha hecho eco de los posibles pleitos multimillonarios que podrían derivarse de las reclamaciones de daños que interpongan las plataformas de clientes afectados.
Por otro lado, la comisaria de competencia, Margrethe Vestager, ha destacado el importante papel de los directivos de las compañías implicadas en las presuntas prácticas. (En este sentido, aunque la normativa de defensa de la competencia de la Unión Europea no prevé la posibilidad de sancionar personalmente a los individuos involucrados en prácticas anticompetitivas, cabe recordar que la normativa española sí faculta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para imponer sanciones de hasta 60.000 euros a los directivos y representantes implicados en este tipo de infracciones.)
