Togas.biz

En 2024, las empresas españolas se enfrentan a retos fiscales, especialmente en precios de transferencia y operaciones transfronterizas, debido a la crisis de 2020. Es crucial prepararse para las inspecciones de la AEAT, revisar las políticas de precios de transferencia y mantener la transparencia financiera, adaptándose a las normativas vigentes para superar con éxito las inspecciones fiscales en un contexto económico cambiante.

Aunque empezamos un nuevo año, las sombras de la crisis de 2020 aún se sienten en el terrero financiero y planean sobre el panorama fiscal, presentando desafíos únicos. Este nuevo año nos invita a revisitar y enfrentar un periodo que muchos desearían olvidar, pero que permanece presente en el radar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

El 2024 marca un punto de inflexión, concluyendo ejercicios que comenzaron en 2023 y sometiendo a las entidades a una revisión exhaustiva de las acciones emprendidas en los turbulentos años de 2020 y 2021. Por lo tanto, este año adquiere una importancia sin precedentes, siendo el primero en que se realizarán inspecciones generalizadas sobre las medidas adoptadas durante el infame 2020.

Siguiendo la tendencia de años anteriores, el plan de control tributario de este año se centrará en los precios de transferencia y las operaciones transfronterizas. La AEAT seguirá con su estrategia integral, conocida como 360º, y revisará las circunstancias extraordinarias de la crisis sanitaria global, que desestabilizó la bases económicas y operativas de innumerables empresas.

Para ello, las Autoridades Tributarias tendrán de referencia la guía de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) sobre las cuestiones y retos de los precios de transferencia en el contexto de la crisis del Covid. Este documento es un faro para las empresas y autoridades fiscales ofreciendo orientación para adaptarse a este escenario económico sin precedentes. En resumen, ofrece una guía de cómo deberían actuar las compañías impactadas por la crisis desde el ajuste en el análisis de comparabilidad como resultado de la crisis, pasando por el impacto en los acuerdos de valoración, los cambios en las estructuras de financiación, la explicación sobre pérdidas excepcionales, hasta los cambios hayan afectado a la demanda de productos y servicios intragrupo.

Ante este escenario, es crucial que las entidades adopten una postura proactiva para estar más preparados ante una inspección. Comprender los riesgos afrontados y su impacto en las operaciones será esencial. La transparencia y coherencia en la presentación financiera cobran más importancia que nunca, ya que las Autoridades Tributarias revisarán en detalle la situación fiscal de las empresas durante el año 2020, con especial atención a las variaciones respecto al año 2019.

Es fundamental revisar la validez de las premisas en las políticas de precios de transferencia documentadas. Si las políticas generan resultados económicamente ilógicos, tanto si una entidad está en pérdidas como que otra esté en beneficios, en ambos casos a costa de una política de precios de transferencia, serán las Autoridades Tributarias las que ajusten dichas políticas. En la práctica, y lamentablemente en muchas regiones, dichos ajustes seguirán un perfil vigilante de la cuota fiscal y no necesariamente el de la realidad económica de la operación. En 2024, prepararse para responder a preguntas sobre la caracterización funcional y de riesgos de la compañía, así como sobre las cláusulas contractuales entre partes vinculadas, será más importante que nunca.

Imaginemos un distribuidor que sólo adquiere productos del grupo y obtiene beneficios mediante un margen 'estándar' en sus ventas. La recesión económica podría haber reducido sus ventas al punto de no cubrir los costes fijos. ¿Cómo debería compensarle la empresa matriz? ¿Continuará adquiriendo productos de las fábricas del grupo a pesar de no poder venderlos? ¿Qué relevancia tienen los contratos existentes en estas circunstancias inusuales? ¿Se sostiene aún un análisis de comparabilidad anterior a la crisis?
En este 2024, cuando una empresa se enfrente a una inspección del 2020 debe estar preparada para responder a preguntas como:

  • ¿La compañía cuenta con un perfil adecuado de caracterización funcional y de riesgos, asociada a la cadena de valor del grupo? Recordemos que las Directrices de la OCDE establecen que el control y la gestión de riesgos constituye un factor clave en la determinación del beneficio o pérdida potencial que cada parte debe asumir.
  • ¿Las relaciones contractuales entre partes vinculadas establecen cláusulas apropiadas para estas circunstancias y pueden modificarse si es necesario ajustar las políticas de precios de transferencia?
  • Si la política de precios de transferencia consistió en un margen fijo sobre los costes incurridos, ¿Tiene sentido seguir aplicando esta política de la misma manera? ¿Qué costes se consideraron en la implementación de la política?
  • ¿Debería de revisarse el esquema de financiamiento intragrupo? ¿Qué entidades tienen acceso a la tesorería del Grupo en sistemas de centralización de tesorería (cash-pooling)?
  • En modelos altamente integrados con políticas basadas en la participación en los beneficios, ¿Son distribuidas las pérdidas siguiendo el mismo esquema?
  • En cuanto a los servicios intragrupo, ¿Tiene sentido la propia existencia del servicio en tiempos de crisis? En servicios centralizados, ¿Deben incluirse como beneficiarias a entidades que han paralizado sus actividades?
  • Si hay un Acuerdo Previo de Valoración (APA) con las autoridades fiscales y dado que estos acuerdos suelen basarse en la suposición de beneficios, ¿Siguen siendo válidos o necesitan ser renegociados?

En la preparación para estas futuras inspecciones, es crucial desarrollar análisis defensivos con antelación. Las empresas deben considerar un análisis ejecutivo de riesgos, revisar la comparabilidad, tener en cuenta la idoneidad de los comparables utilizados en 2020, y defender cualquier cambio en sus políticas post 2020. También es vital iniciar la negociación y renegociación de Acuerdos de Precios Previos (APA) si es necesario. En situaciones de riesgo, identificadas a través de un análisis de “red flags”, se recomienda la creación de un documento de defensa para el año 2020. La documentación obligatoria debe reforzarse con esta narrativa detallada que describa cómo la empresa respondió a las condiciones económicas de ese año.
En resumen, 2024 se presenta como un año determinante en las inspecciones de precios de transferencia. Las empresas deben anticiparse, prepararse para las inspecciones y adaptarse a las normativas vigentes. Comprender los riesgos, mantener la transparencia y adaptabilidad serán clave para superar con éxito este nuevo capítulo en el escenario fiscal del país. En BDO desarrollamos proyectos para los sectores más afectados por la crisis, como los hoteleros, tiendas de conveniencia en aeropuertos, lujo, entre otros, que están siendo graves, aunque hay muchos sectores afectados de alguna forma.

Flavio Sánchez

Fuente: BDO Abogados y Asesores Tributarios

Source