Clases de inversores y cuánto dinero pueden invertir cada uno de ellos
El objetivo de la ley de crowdfunding es proteger a los pequeños ahorradores que esperan sacar el máximo partido a las inversiones alternativas. Es por ello que la ley establece dos tipos de inversores en función del límite de inversión.
Inversores acreditados: (sin límite de inversión)
Inversores no acreditados: Son todos aquéllos que están fuera de las anteriores consideraciones. Éstos no podrán depositar más de 3.000 euros por empresa, ni sin límite de inversión más de 10.000 euros por año y plataforma.
¿Cuánto dinero pueden conseguir las empresas?
La ley ha impuesto límites para conseguir préstamos para empresas más allá de la banca.
Las pymes que quieran préstamos de crowdlending podrán recaudar hasta 5 millones de euros anuales mediante inversores acreditados. En cambio, el tope será de 2 millones si se trata de inversores no acreditados.
Regulación de las plataformas de financiación colectiva
Las plataformas deben regirse por los principios de neutralidad en sus relaciones entre inversores y promotores, diligencia, transparencia y búsqueda del mejor interés para sus clientes.
Las plataformas de equity crowdfounding que operen en territorio español, al ser intermediarias financieras entre los inversores y las compañías, están reguladas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este órgano tendrá plenas facultades de inspección y supervisión. Es obligatoria el alta de todas las plataformas desde finales de octubre de 2015 conforme a la ley de crowdfunding.
Por otro lado, las plataformas de crowdlending, como son entidades de crédito, están sometidas al control y la regulación del Banco de España. Cuando un inversor privado quiera comprobar el historial de solvencia de un proyecto antes de prestar su dinero, el Banco de España regulará los formularios.
Además, a las plataformas se les exige un capital mínimo de 60.000 euros y un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía con una cobertura mínima de 300.000 euros por reclamación de daños.
