Después de 133 años de construcción sin licencia, el Ayuntamiento y la Junta Constructora del templo han llegado a un pacto para regularizar las obras. La Sagrada Familia hará una inversión de 36 millones de euros en los próximos 10 años que se destinarán a compensar el gasto que el templo ocasiona en la ciudad: contribución a la financiación del déficit público del transporte público, de las obras de reurbanización de las calles del entorno y de los gastos derivados de la actividad del Templo, así como la mejora de la accesibilidad al Temple mediante el Metro.
El acuerdo también incluye la creación de una comisión de seguimiento del desarrollo de éste y el compromiso del Ayuntamiento de crear una comisión de trabajo con el objetivo de estudiar y abrir el debate sobre las posibles soluciones urbanísticas necesarias para finalizar el proyecto, una vez tramitadas y concedidas las correspondientes licencias.
La prensa se ha hecho eco del referido acuerdo, en cuyas negociaciones ha participado el despacho Pareja i Associats, Advocats asesorando a la Junta Constructora del Templo.
