La ley define las circunstancias y el procedimiento por los que una empresa puede despedir a un trabajador antes de la extinción del contrato. Estas definiciones legales caracterizan a los despidos procedentes. Con estas especificaciones, la ley se propone proteger al trabajador y evitar que las empresas abusen de este mecanismo y eviten las indemnizaciones.
En el Estatuto de los Trabajadores se establecen causas objetivas que legitiman una extinción anticipada del contrato mediante un despido. Se trata de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Asimismo, los desajustes en el comportamiento del trabajador se consideran legalmente válidos.
En todos los casos, la forma en que se realiza el despido debe ajustarse a ciertas normas: comunicación por carta en la que consten los motivos con anticipación de 15 días y justificación del despido. Esta carta de despido es fundamental si el trabajador inicia acciones para impugnar el despido por improcedente.
Cuando la causa del despido no es procedente o no se cumplen los requisitos formales, se puede considerar improcedente. Y, por tanto, el trabajador tiene derecho a reclamar.
Es necesario analizar la situación y las circunstancias del despido. Un despido improcedente puede estar disfrazado para que parezca procedente. De esta forma, la empresa no pagará indemnizaciones. En cualquier caso, siempre la mejor opción es solicitar los servicios de un abogado laboralista especialista en la materia.
La ley considera que un despido es improcedente cuando:
Suele ocurrir que, en estos casos de despido improcedente, el trabajador perciba desde tiempo antes que la empresa tiene intenciones de despedirlo. Es frecuente que tenga indicios varios antes de que se produzca la comunicación. En este caso, deberá estar alerta y preparado para iniciar gestiones de impugnación.
Somos abogados especialistas en despidos improcedentes
Ante un despido es improcedente, el trabajador tiene dos opciones:
El trabajador no quiere impugnar y acepta la decisión de la empresa. En este caso, firmará la comunicación. Dispone de 15 días para presentar su solicitud de indemnización por desempleo en el Servicio Público de Empleo Estatal.
Para ello:
Antes de la demanda judicial, la ley obliga a participar en una instancia en la que se intentará el acuerdo con la empresa. Los pasos para realizar la reclamación son:
La papeleta de conciliación se presenta por medios electrónicos o en forma presencial ante el Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación (SMAC), dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
El SMAC citará a trabajador y representante de la empresa a una audiencia para intentar acuerdos. Como consecuencia de la audiencia se emite un acta de conciliación. Pueden surgir tres resultados:
Cuando no se llega a acuerdo o si el representante de la empresa no se presenta en la audiencia de conciliación, el trabajador puede interponer la demanda judicial. El trámite se inicia en el Juzgado de lo Social.
En esta instancia, el Juez evaluará la situación y dictará sentencia en la que se determinará si el despido es improcedente. Si la resolución judicial determina que es improcedente, la empresa puede optar entre readmitir al trabajador o pagarle una indemnización.
En caso de que la sentencia resulte a favor de la empresa, el trabajador pasará a condición de desempleo.
El trabajador dispone de 20 días hábiles para presentar su impugnación ante el despido.
Si el contrato es anterior al 12 de febrero de 2012, el trabajador tiene derecho a cobrar 45 días de salario por año trabajado, con un límite de 41 meses. Desde el 12 de febrero en adelante, la indemnización corresponde a 33 días de salario por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades.
La indemnización por despido debe declararse, pues está sujeta a IRPF.
