Se producen muchas disfunciones en la aplicación de los registros de morosidad. El uso de los mismos por las entidades financieras hace que una mala o deficiente información de una persona física sirva para impedirle el acceso al crédito, algo tan necesario en la actualidad.Por dicho motivo han proliferado reclamaciones judiciales de justiciables que han sido incluidos de forma indebida en los citados registros de morosidad, amparados en la intromisión en el derecho al honor.
Básicamente se manejan por las entidades financieras varios sistemas de comunicación, los ficheros de solvencia y el CIRBE. Mientras que los ficheros de solvencia son privados y son de uso potestativo por parte de las entidades financieras, en cambio la inclusión de riesgos en el CIRBE es de obligado cumplimiento.Las reclamaciones judiciales que caben serían por dos cuestiones.
Este hecho también lo recoge el artículo 20 antes citado, que obliga al acreedor a informar al afectado ya sea en el propio contrato suscrito con el deudor, o en el momento de requerir de pago y se le advierta de la posibilidad de inclusión en los ficheros de morosidad, con indicación expresa de aquellos en los que se va a comunicar. Hay que tener en cuenta que la Ley permite que se pacte en el propio contrato como una cláusula general del mismo que en caso de impago se comunicará el riesgo a los ficheros de morosidad, de esta forma quedaría cumplido el requisito de previa notificación al deudor, no siendo precisa la expresa notificación fehaciente antes de su inclusión.
Para el caso que no exista pacto, si que es preciso la previa notificación fehaciente al deudor para que se considere correcta la inclusión en los ficheros de morosidad. Este es un punto muy cuestionado judicialmente, puesto que las entidades financieras suelen notificar mediante correo ordinario, aceptando alguna jurisprudencia que la notificación por correo ordinario sin devolución de la carta (o acompañando la constancia de haber remitido otras notificaciones postales como extractos de cuenta o recibos), sería válida para dar con el requisito de notificación fehaciente. Pero es un punto objeto de mucha casuística y de poca pacificación jurisprudencial. Luego estaría la consecuencia de la viciada notificación a los ficheros de morosidad y que daría la intromisión ilegítima en el derecho al honor, y que seria la indemnización.
Dicha indemnización también es harto interpretable por los Tribunales, pero para su determinación habría que tener en cuenta la cuantía errónea notificada, el tiempo de duración de la incorrección y las veces que haya sido consultada por posibles entidades financieras, siendo además reforzado la misma si ha existido denegaciones de financiación, pero sin que sea esta prueba necesaria.
Joan Barba Martín
Abogado JDA/SFAI
Consulte nuestros servicios legales aquí.
