José María Aznar (DLA Piper), Carme Chacón (Ramón y Cajal Abogados), José Bono (Cremades & Calvo-Sotelo), Josep Antoni Duran (Bufet Colls). La lista de políticos que han saltado de la esfera pública al sector privado a través de despachos de abogados es extensa. Sin embargo, es mucho más difícil encontrar a socios de grandes firmas que decidan abandonar su posición para ocupar un cargo institucional.
Por ese motivo, ha sorprendido el nombramiento de Sebastián Albella, socio sénior de Linklaters y primer español en formar parte del consejo mundial de la firma, como presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Y aunque PSOE y Podemos no vean con buenos ojos esta decisión porque consideran que existen incompatibilidades con su trabajo como abogado, lo cierto es que este tipo de nombramientos es algo habitual en otros países e, incluso, en organismos supranacionales.
La actual directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, estuvo al frente de Baker & McKenzie, uno de los despachos más grandes del mundo. Incluso Donald Trump, presidente electo de EEUU, busca entre las principales firmas del sector profesionales para el Departamento de Justicia. En este país, es habitual ver a los socios de los grandes bufetes ocupar cargos públicos, incluso en el Tribunal Supremo.
Los expertos en management aseguran que, bien gestionados, los posibles conflictos de interés no son un problema frente a las ventajas de contar con este tipo de perfiles: conocen el sector que van a regular; están acostumbrados a liderar equipos de alto rendimiento; y son perfiles altamente cualificados, que no sólo conocen el mercado, sino también los aspectos técnicos. En el caso de Albella, por ejemplo, participó en la redacción de la Ley del Mercado de Valores y de la de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.
