La toma de decisiones en el ámbito empresarial siempre comporta riesgos. Por ello, proteger la responsabilidad de los administradores ante las consecuencias que puedan derivarse por las medidas que adopten fomenta una cultura de innovación y facilita la sana asunción y gestión de riesgos en las empresas. El llamado principio de business judgement rule (BJR) pretende otorgar cierta inmunidad a los administradores para que puedan asumir un grado razonable de riesgo natural en toda decisión de negocio.
Se trata, en todo caso, de amparar a los administradores audaces, no a los imprudentes, siempre que actúen con una conducta diligente.
El origen anglosajón de la BJR se ha trasladado al ordenamiento jurídico español a través del artículo 226 de la Ley de Sociedades de Capital, que establece una serie de requisitos a los que deben ceñirse los administradores: actuación de buena fe, ausencia de interés personal, información suficiente y procedimiento de decisión adecuado.
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