El 20 de abril de 2017 ha entrado en vigor la Ley 1/2017 de 18 de abril, sobre restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio español o de otro Estado miembro de la Unión Europea, por la que se incorpora al ordenamiento español la Directiva 2014/60/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014.
Dicha norma tiene por objeto principal regular:
A tal efecto, se establecen los requisitos de la acción de restitución, entre ellos, que la competencia jurisdiccional se atribuye al orden jurisdiccional civil del Estado requerido, tramitándose por las reglas de los juicios verbales, con determinadas especialidades.
El procedimiento se regirá, de forma supletoria, por lo dispuesto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Tendrán legitimación activa para interponer la acción de restitución aquellos Estados miembros de la Unión Europea, de cuyo territorio haya salido de forma ilegal el bien cultural. Por su parte, estarán legitimados pasivamente sólo quienes tuvieren en posesión o la simple tenencia del bien reclamado.
En cuanto al objeto del procedimiento, el mismo debe circunscribirse a la referida acción de restitución, quedando excluidas cualesquiera otras cuestiones que puedan ser reclamadas a través de acciones civiles, penales o de otra naturaleza.
El plazo para interponer la acción de restitución prescribirá a los tres años, a partir de la fecha en que la autoridad central competente del Estado miembro requirente haya tenido conocimiento del lugar en el que se encontraba el bien cultural y de la identidad del poseedor o del tenedor del mismo. En cualquier caso, la acción de restitución prescribirá en un plazo de treinta años, a partir de la fecha en que el bien cultural haya salido de forma ilegal del territorio del Estado miembro requirente.
Sin embargo, el plazo de prescripción será de setenta y cinco años en casos de acción de restitución de bienes pertenecientes a colecciones públicas y de bienes incluidos en los inventarios de instituciones eclesiásticas o de otras instituciones religiosas que estén sometidos a un régimen especial de protección por la legislación del Estado requirente.
Por último, cuando quede probado que se trata de un bien cultural y su salida del territorio del Estado requirente ha sido ilegal, el juez ordenará la restitución material del bien cultural a dicho Estado. Asimismo, se establece la posibilidad de conceder al poseedor la indemnización que se considere equitativa por el juez, a tenor de las circunstancias que queden acreditadas en el proceso, siempre que aquél hubiere adquirido el bien de buena fe y pruebe que ha empleado la diligencia debida en el momento de la adquisición.
