Una vez hablando con un cliente extranjero que me preguntó sobre el funcionamiento de la justicia en España le dije que ésta, en algunas ocasiones, era caprichosa. Si hoy me hiciera esa pregunta con la entrada en vigor de esta nueva regulación, le tendría que contestar que además es sólo para los afortunados.
Para ir haciendo boca les tengo que informar que si a usted, empresario, un proveedor le ha impagado una factura de 300.000 €, para interponer una Demanda, además de las Tasas propias de la CCAA, tendrá que abonar una Tasa de 1.800 €, con independencia de los honorarios de Procurador y Abogado, por supuesto.
Si usted, ama de casa con reducidos recursos económicos, después de largos años de matrimonio, su marido gran empresario le dejó y, en los efectos de su Divorcio solicitó 500.000€ de pensión indeminizatoria por trabajo para poder vivir el resto de su vida, y ahora interpone un Recurso de Apelación por ser la sentencia no ajustada a Derecho, tendrá que pagar, además de las Tasas propias de la CCAA, otra de 3.300 €, y así un suma y sigue en Demandas contra Swaps o productos financieros complejos colocados con engaño a cualquier ciudadano, reclamaciones de legítima en un herencia, incumplimientos contractuales, etc.
Lo más curioso de todo es que en el propio preámbulo de la ley se dice: “La ley pone todo el cuidado en que la regulación de la tasa no afecte al derecho a acceder a la justicia”. ¡GRACIAS!. Aunque sería interesante que la próxima vez no pongan tanto esmero y regulen con mayor justicia social, ya que un poco más adelante están reconociendo que la aplicación no se está estableciendo “a partir de la capacidad económica del contribuyente sino del coste del servicio prestado”. Expresando que con esta asunción por los ciudadanos que acuden a los tribunales de parte del coste del servicio público se racionaliza el ejercicio de la potestad jurisdiccional, es decir, se financia el sistema judicial.
Todos los sectores empresariales y profesionales estamos tocados por la crisis (Todos, menos el sector político y los sindicatos. Ahí no hay despidos, ni ERES, ni impagos, ni problemas de financiación, ni concursos..). Los despachos de abogados hacemos malabarismos, al igual que todos, para poder seguir teniendo el letrero en la puerta. Estamos trabajando, como todos, tres veces más para facturar mucho menos cada año y, cerradas las financiaciones por la Entidades Bancarias (que son las únicas que están recibiendo miles de millones de euros del Gobierno), tenemos que ajustar tremendamente los precios y flexibilizar los pagos con los clientes, para que nos vayan abonando los honorarios a plazos. Si a partir de mañana tenemos que informar al cliente que a parte de la provisión de Procurador, de la tasa autonómica, del primer pago de honorarios, ha de traer otros tantos de cientos o de miles para poner su Demanda o su Recurso: NO HAY CASO, NO HAY CLIENTE, NO HAY ACCESO A LA JUSTICIA.
Cristina Ogazón - Col. Nº 20.437 ICAB
