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Rosalind Williams es una española de 79 años nacida en New Orleans y fue la primera mujer que decidió denunciar al Estado español por una identificación policial por perfil racial. Y se ha convertido en símbolo de lucha antirracista pacífica.

El 6 de diciembre de 1992 se encontraba en la estación de tren de Valladolid junto a su marido, de piel blanca, cuando un policía vestido de paisano le pidió que le enseñara la documentación por el mero hecho de ser negra, y que tenía órdenes de sus superiores. Ella se negó y decidió interponer una denuncia a la propia policía y al Ministerio de Interior, que fue tumbada posteriormente tanto por la Audiencia Nacional como por el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, esto no mermó los ánimos de Rosalind que siguió luchando por preservar la igualdad y combatir el racismo y, en 2001 decidió interponer una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Pasaron ochos años y este organismo emitió un dictamen favorable a su demanda y dictaminó que las características físicas o étnicas de una persona no pueden ser consideradoras como indicio de su residencia ilegal en su territorio. Esta fue una victoria simbólica.

Tuvieron que transcurrir más de 17 años hasta que un tribunal le dio la razón, pero Williams explica que siempre se sintió arropada y alentada por su marido, lo que la animó a seguir.

Es necesario recordar que identificar a una persona por su color de piel es una práctica de carácter racista que está totalmente prohibido por la Constitución, concretamente en virtud de su artículo 14. No obstante, el Tribunal Constitucional al evaluar el caso de Rosalind alegó que era una práctica que estaba justificada si se producía en el marco de control migratorio. Y es que esta es una práctica ya normalizada, pero debemos entender tal y como bien explica Rosalind que esto no va a ayudar ni en parar el terrorismo ni la inmigración ilegal. Hay que buscar otros sistemas, pero, sobre todo, educar a la gente.

Rosalind anima a considerar la denuncia como una herramienta social. La gente tiene que hacer los deberes y conocer sus derechos

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Fuente: Català Reinón Abogados

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