Lo más significativo de la presentación de los PGE, en lo que se refiere a la Seguridad Social, está en la siguiente frase: “A medio plazo, el escenario se consensuará en el marco del Pacto de Toledo, con el objeto de afianzar o sentar las nuevas bases que permitirán abordar el envejecimiento demográfico y los cambios sociales y económicos con garantías de solvencia y supervivencia”. Sutil manera de reconocer que esto no va a aguantar mucho y que habrá que introducir reformas importantes, cuyo costo político se quiere compartido. Pero mientras tanto, una última copa: mejoremos los niveles de protección de los pensionistas que son uno de los “sectores más sensibles en la actual coyuntura económica”. El rigor, pues, a medio plazo y por consenso; las concesiones a la presión social y política, sobre la marcha.
Bien está el incremento de la aportación del Estado para financiar prestaciones no contributivas; también, con matices, el incremento del esfuerzo recaudador, pero financiar el sistema de Seguridad Social mediante el endeudamiento constituye una apuesta muy arriesgada para esas solvencia y supervivencia que se quieren garantizar a medio plazo. Dentro de las medidas recaudadoras, llama la atención el incremento de la tarifa de primas por accidentes de trabajo, pasando la mínima del 0,9 al 1,5, cuando la gestión del aseguramiento de los riesgos profesionales por las mutuas genera un significativo excedente. La cotización se sube también al máximo previsto (7,15) en aquellos supuestos en que existe la posibilidad de anticipación de la edad de jubilación, sin que se haya establecido una cotización adicional. Y llama la atención también el incremento de la base máxima de cotización, sin reflejo en la pensión, que aumenta la penalización de las rentas más altas. El aumento de la pensión solo podría tener lugar por el incremento previsto para el retraso voluntario en la jubilación, aunque ello se contradice con el restablecimiento de la jubilación forzosa por convenio.
La mejora de las pensiones de viudedad y del subsidio de desempleo, así como lo relativo a la jubilación parcial, eludiendo o aplazando una reforma global de su normativa, dan de nuevo esa impresión de atención a la coyuntura sin querer afrontar lo que se avecina.
