Con el aumento de los intereses remuneratorios del Euro, ha quedado en evidencia la falta de capacidad económica de un amplio elenco de suscriptores de hipotecas concertadas para la adquisición de viviendas, lo cual da una idea de la desproporcionada cuantía que se dedica a ese pago dentro del ingreso de las familias: hace tiempo que el precio de la vivienda no está en consonancia con los ingresos medio de los españoles; y no digamos ya en zonas tensionadas por el turismo.
Ésta es una de las mayores asignaturas pendientes de nuestro, y veremos si la nueva ley de vivienda servirá para ayudar en algo, o no vivirá suficientemente para poder calibrarlo.
Por ello han proliferado la focalización en los Código de Buenas Prácticas y sus efectos sobre las hipotecas anteriores al 31 de diciembre de 2022 y la actividad de reestructuración hipotecaria, que había quedado dormida durante muchos años.
El Código de Buenas Prácticas establece una serie de obligaciones a las entidades bancarias de ofrecer alternativas más baratas si las hay, a petición de los deudores que se encuentren en riesgo de exclusión y prevenir la pérdida de la vivienda habitual como consecuencia del impago.
El Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo (en su versión consolidada y modificada por el Real Decreto Ley 19/2022) establece los mecanismos de aplicación del Código, que se desarrolla en dos modalidades: uno para deudores hipotecarios en el umbral de exclusión, y otro para deudores hipotecarios en riesgo de vulnerabilidad, que está dirigido a hogares de clase media.
Si se cumplen los requisitos, las medidas pueden consistir en carencias, en reducción de tipos de interés, en ampliación del plazo de devolución o en cambio el tipo de interés.
Según parece, el sistema no ha tenido la repercusión deseada, por cuanto han acudido a ella muchas menos familias afectadas de las esperadas, y aún está por estudiar cual ha sido la causa de este desinterés.
La Vicepresidenta de Gobierno Yolanda Díaz anunció hace poco la concesión de un ‘bono de emergencia’, que supondría un ingreso inmediato de 1.000 euros, suscitándose una confrontación en esta cuestión con la Vicepresidenta económica Nadia Calviño… Según Yolanda Díaz, ello paliaría la falta de funcionamiento de los Códigos de Buenas Prácticas que, insisto, aún está por ver por qué no funcionan.
En cualquier caso, el mecanismo está allí y hay que probarlo; claro está que, si los deudores acuden cuando están ya con muchas cuotas impagadas y a punto de ser embargados, la situación resultará de difícil reconducción.
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Juan Núñez – abogado
