A nivel estatal, desde la Ley Reguladora del Derecho de Asociación de 2002, con algunas modificaciones posteriores, siendo la última en 2011, no se ha modernizado esta regulación.
Ya en 2015, Catalunya promulgó una Ley del Voluntariado y de Fomento del Asociacionismo.
Ahora, la nueva Ley 11/2023, de 27 de diciembre, de fomento del asociacionismo aporta nuevos aires, con la intención de fomentar ‘la participación colectiva y comprometida, la autoorganización, la implicación social sin ánimo de lucro, el voluntariado, la gestión democrática y la voluntad de implicación y transformación social o personal, en los ámbitos recreativo, deportivo, cultural, educativo y ambiental, entre otros’.
La Ley considera el asociacionismo como ‘un fenómeno contemporáneo que permite crear instrumentos que fortalecen a la sociedad civil y la dotan de elementos clave para tener voz propia y capacidad de réplica, de incidencia, de gobernanza democrática de los asuntos públicos y, si procede, de crítica de la actuación de los poderes públicos, con el ánimo de crecer como sociedad y de compartir el espacio público con las administraciones públicas y los demás agentes de la sociedad civil’, lo cual supone un matiz muy diferente a lo indicado en anteriores regulaciones.
Serán destinatarias de las medidas de fomento, las asociaciones que promuevan el bien común y respeten los valores, los principios y el modelo de gobernanza democrática, evitando que se promuevan ideas o acciones contrarias a los derechos humanos, a los principios democráticos, a las leyes que luchan contra la discriminación o a las leyes que velan por la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Es una ley destinada a las administraciones públicas para establecer las medidas y manera de fomentar las plataformas ciudadanas y los grupos sociales, y los requisitos y las condiciones específicos que deben cumplir éstas para acceder a las medidas.
Se convocarán regularmente programas de ayudas y subvenciones para ofrecer apoyo económico a las asociaciones, así como asesoramiento y apoyo organizativo y técnico, facilitando su transformación digital, y se creará un Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña, que deberá realizar un seguimiento permanente del grado de cumplimiento de las obligaciones que establece la ley, por parte de las asociaciones beneficiarias, y organizar la formación de las personas que se implican en las asociaciones.
Esta ley pretende concienciar a los ciudadanos sobre la relevancia de las asociaciones y sus valores: especialmente, las creadas por mujeres cuyas acciones se dirijan a las mujeres y cuyo objetivo sea defender sus derechos desde una perspectiva feminista interseccional, las asociaciones creadas por personas LGBTI cuyo objetivo sea defender sus derechos y las asociaciones creadas por personas con discapacidad cuyo objetivo sea defender sus derechos, incidiendo en la necesidad de un voluntariado activo.
Resulta patente que la concienciación ciudadana sobre los problemas que nos rodean y los retos a superar resulta imprescindible para mejorar nuestra sociedad; la intolerancia y los sesgos son el freno a una sociedad más justa e igualitaria; conseguirlo desde el fomento de asociacionismo es una medida que esperemos dé el resultado deseado.
Juan Núñez – abogado
