Rosa compró en 2009 un inmueble por importe de 200.000€ que unos años más tarde vendió por un precio de 150.500€. El Ayuntamiento procedió a liquidar el impuesto de plusvalía.
No estando conforme, Rosa recurrió la resolución presentando diversa documentación en orden a acreditar el valor de la finca y por tanto la falta de incremento de su valor.
El Ayuntamiento sostuvo que se debía atender el incremento del valor, pero no al incremento real sino al determinado objetivamente sin atender a las circunstancias concretas de cada finca, atendiendo al valor de la finca en el momento de la venta independientemente del valor de compra y sobre dicho importe, aplicar un porcentaje variable en atención a los años que se había sido propietario.
Además entendía que la Administración no tenía la necesidad de acreditar este incremento de valor de los terrenos para aplicar la obligación automática y pagar plusvalía.
El Tribunal Supremo entendió que con el impuesto de plusvalía no se grava el valor de los terrenos sino el incremento de valor que puedan tener. Por tanto, si ese incremento de valor resulta inexistente, no se producirá el hecho sujeto al impuesto y no se tributará.
En aquellos casos, como ocurre en el presente, en que el propio interesado acredita la inexistencia de incremento (más bien, la existencia de disminución), no se produce el hecho imponible y en consecuencia, no cabe lugar a polémica alguna, no existiendo obligación de tributar por plusvalía .
Así pues, no existiendo incremento de valor, el ayuntamiento no deberá cobrar la plusvalía.
