Más de 800.000 menores se ven expuestos en España al maltrato que padecen sus madres. Medio millón de ellos no son víctimas directas. Y alrededor de media docena cada año acaban muertos.
En el año 2004 entra en vigor la Ley Integral contra la Violencia de Género. Desde ese momento se han logrado grandes avances en relación a la protección de las mujeres víctimas del maltrato, pero en relación a los hijos sigue siendo una asignatura pendiente.
Por primera vez el anteproyecto de Ley de Protección a la Infancia reconoce a los hijos de las maltratadas como víctimas directas de la violencia machista. El problema es que solamente incluye la siguiente y única medida nueva: Que los jueces estarán obligados a estudiar siempre, y no sólo si lo solicita la madre, como ocurre ahora, si deben adoptarse medidas de protección cautelares para los hijos. Y además, recomienda que si se observa riesgo suspendan las visitas y retiren la custodia al maltratador.
La medida podría ser útil en situaciones en las que la madre no advierte del peligro y no se le ocurre pedir protección para los hijos. Pero resulta insuficiente si elude una cuestión de la que llevan años advirtiendo tanto las asociaciones de mujeres como los expertos en violencia de género: el derecho de los padres maltratadores sigue prevaleciendo en los juzgados sobre el derecho a la protección de los menores. Los datos hablan por sí solos:
- Se suspende el régimen de visitas en el 3% de los casos.
- Se establecen medidas de seguridad para los niños en el 2,2%.
Soledad Becerril -Defensora del Pueblo – ha pedido a Rafael Catalá - ministro de Justicia-, que establezca protocolos para favorecer la supresión de las visitas y las comunicaciones de los imputados por malos tratos con sus hijos para prevenir así posibles riesgos. Recomendó además que se garantizase por ley un examen individualizado del régimen de visita de cada menor afectado por una situación familiar de violencia de género.
No se busca eliminar el derecho de los padres a ver a sus hijos, sino de garantizar que cada caso sea estudiado con profundidad. Mientras se mantenga el estereotipo de que un padre maltratador no tiene por qué ser un mal padre, seguirá prevaleciendo en los juzgados el derecho del adulto sobre el del niño.
