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ComplianceKeys#5

Habiendo analizado en otras Compliance Keys las entidades que pueden responder penalmente en España (ComplianceKeys#2), los delitos susceptibles de generar responsabilidad penal a las personas jurídicas en España (ComplianceKeys#3)y, finalmente, los requisitos para la atribución de dicha responsabilidad a las personas jurídicas (ComplianceKeys#4); se estudiarán a continuación las concretas consecuencias que pueden generarse para las personas jurídicas por la comisión de una conducta delictiva en su seno.

En primer lugar, evidentemente, la condena de una persona jurídica por la comisión de un delito lleva asociada la imposición de penas. Estas penas difieren necesariamente de las que son atribuibles a sus contrapartes de carne y hueso, las personas físicas.

Así, el artículo 33.7 del Código Penal recoge las posibles penas a imponer a las personas jurídicas:

  • Multa por cuota diaria de entre treinta (30) y cinco mil (5.000) euros por un periodo de hasta cinco (5) años o proporcional, esto es, entre el doble y más del séxtuple del beneficio obtenido o el perjuicio causado.
  • Disolución de la persona jurídica (pena definitiva).
  • Suspensión de sus actividades hasta cinco (5) años.
  • Clausura de sus locales y establecimientos hasta cinco (5) años.
  • Prohibición de realizar en el futuro ciertas actividades de forma definitiva o hasta quince (15) años.
  • Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social hasta quince (15) años.
  • Intervención judicial hasta cinco (5) años.

No obstante, la comisión de conductas delictivas lleva también asociada otras consecuencias negativas para la persona jurídica diferentes de las penas establecidas en el propio artículo 33.7 del Código Penal:

  • La prohibición de contratar con el sector público: conforme el artículo 71.1 de la Ley de Contratos del Sector Público en el supuesto de que los delitos cometidos sea alguno de los siguientes:
    • Delitos de terrorismo, constitución o integración de una organización o grupo criminal, asociación ilícita;
    • Financiación ilegal de los partidos políticos;
    • Trata de seres humanos;
    • Corrupción en los negocios;
    • Tráfico de influencias;
    • Cohecho;
    • Fraudes;
    • Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social;
    • Delitos contra los derechos de los trabajadores;
    • Malversación;
    • Blanqueo de capitales;
    • Delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente.
  • Imposición de consecuencias accesorias: según determinados sectores jurisprudenciales, la imposición de consecuencias accesorias a la pena del artículo 129 del Código Penal, como se explicará en el siguiente Compliance Keys.
  • Responsabilidad civil derivada de delito y otros costes asociados: de la comisión de conductas delictivas, además de las concretas penas de multa que se pudieran imponer, pueden originarse otros constes económicos como podría ser la responsabilidad civil derivada de delito (esto es, la reparación obligada de los daños generados con la conducta delictiva), gastos asociados a los litigios, etc.
  • Impacto reputacional y de negocio: la comisión de conductas delictivas también tiene consecuencias negativas respecto el desarrollo del objeto social o la actividad de la persona jurídica en el seno de la cual se ha cometido.

Estos impactos no son baladíes, pudiendo llegar a suponer daños con un coste económico cuyo alcance sea indeterminable e incontrolable, cargas económicas a largo plazo y, en definitiva, comporten que la persona jurídica sea incapaz o menos capaz de producir o comercializar su núcleo de negocio (eliminación de la demanda o eliminación de la capacidad de proveer los productos y servicios).

En definitiva, ha podido observarse en la presente Compliance Key la gravedad de las consecuencias asociadas a la comisión de conductas delictivas y la necesidad de prevenirlas y mitigarlas, siendo los Sistemas de Compliance grandes herramientas para ello.

Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal.

compliance@molins.eu