La huelga de los Letrados de la Administración de Justicia – los anteriormente denominados ‘Secretarios Judiciales’ – ha durado más de nueve semanas. Una huelga que se ha fraguado en el cansancio, por razón de una Justicia que nunca parece prioritaria para ningún gobierno.
En 2020 hubo modificaciones legales que reorganizaron la Justicia, atribuyendo a los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) unas atribuciones superiores, para ver de desencallarla poniendo sobre los hombros de ese colectivo unas tareas y obligaciones adicionales donde deberían haberse puesto más medios y más personal. A final de año, con los nuevos Presupuestos del Estado de 2021, se aprobaron medidas de mejora salarial que aún no se habían aplicado; creo que, con el tiempo que había transcurrido desde entonces, aún tuvieron mucha paciencia…
Ello se ha sumado a una Justicia que aún no estaba recuperada del parón de la pandemia, y el drama llegará a niveles superiores a los sufridos en aquel trance. Esto no es París y no tenemos, afortunadamente, calles y establecimientos vandalizados, por lo que los efectos de esta huelga no son de ver físicamente y no han creado un impacto social directo; posiblemente por eso, – y es triste decirlo – se ha dejado arrastrar el tema desde el 24 de enero hasta ayer.
Ahora, todos los afectados se echan las manos a la cabeza, y no es para menos: hay cientos de miles de procedimientos paralizados: de familia, concursales, civiles, laborales, …, que, una vez se desconvoque la huelga, tardaremos muchos meses en desatascar. Y hay más de mil millones de euros depositados por deudores pendientes de entregar a los correspondientes acreedores.
Se habló de intentar avanzar con fórmulas que, de forma extraordinaria y puntual, obviaran la intervención del LAJ, pero ello no es posible, pues el LAJ ejerce la fe pública judicial, y, de acuerdo con la Ley, su intervención es imprescindible para considerar que un juicio se ha desarrollado con las garantías exigidas, por mucho que las partes y el juez acordasen desarrollarlo sin su presencia, porque así lo exige imperativamente la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Pero la solución no estaba en poner ‘parches’ momentáneos a tamaño conflicto, sino en poner más interés en solucionar los derechos ya aprobados desde hace tres años de este importante y dedicado colectivo, para desbloquear uno de los más importantes servicios públicos – la Administración de Justicia – de un Estado democrático y moderno y que pretende su lugar en Europa y en el mundo.
Ahora veremos el colapso que va a representar este parón en una Justicia ya maltrecha y mal pertrechada. Pero siempre parece que el buen funcionamiento de la Justicia no sea prioritario… Para que te respeten, hace falta empezar por respetarse uno mismo.
Juan Núñez – abogado
