En la reciente Sentencia 92/2023, el Tribunal Constitucional (en adelante TC) declara vulnerado el derecho fundamental de la intimidad personal reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución española por las grabaciones obtenidas en el garaje de una comunidad de vecinos sin autorización del juez de instrucción ni permiso de la comunidad.
Dicha Sentencia deriva de un supuesto enjuiciado por la Audiencia Provincial de Barcelona, que condenó a tres años y un día de prisión y una multa de 600.000€ a una persona por un delito de tráfico de drogas, tomando como base fundamental la grabación de imágenes que acreditaban el delito.-
El letrado del condenado interpuso recurso de inconstitucionalidad por ver vulnerado el derecho a la intimidad personal y la propia imagen, solicitando, en virtud de dicha vulneración, la nulidad de la sentencia, ya que una de las bases de la investigación policial que condujo a la sentencia condenatoria fue la instalación de cámaras de “motu propio” por parte de la policía, sin que existiera autorización judicial.
Esto es, en el curso de la investigación del delito, la Guardia Urbana instaló sin consentimiento ni autorización judicial, un sistema de captación de imágenes dentro de la comunidad de propietarios. El TC argumenta que los garajes de una comunidad son espacios cerrados de titularidad privada y acceso restringido, aunque sean utilizados por una pluralidad de personas. En base a ello, el Constitucional ha ordenado retrotraer las actuaciones de los hechos obtenidos mediante tal forma fraudulenta para que el Juzgado dicte nueva sentencia con respecto al derecho fundamental vulnerado.
Siendo esto así, y en base a la nulidad de la sentencia del juzgado de lo Penal, éste tendrá que volver a dictar sentencia enjuiciando este asunto, pero sin tener en cuenta las grabaciones en el garaje de la comunidad de vecinos.
Esta sentencia marca un precedente a la hora de la obtención de las pruebas por parte de la Policía Judicial, puesto que ya no se podrá emplear como medio de prueba la captación de imágenes o grabaciones en un garaje sin autorización judicial.
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