En las Jornadas Anuales de Fiscales Delegados de Seguridad Vial celebradas el pasado 23 y 24 de enero de 2017 en Madrid, se han oído voces como las del fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas Cabrera, que ha abundado en la «desprotección y desamparo» al que se enfrentan las víctimas de accidentes de tráfico. «Una doble victimización -ha dicho en la presentación de las jornadas-, ya que al dolor de la tragedia moral y personal se une el proceso judicial, la demora en el cobro de indemnizaciones y la propia demora del procedimiento, entre tres y cuatro años hasta que sale un juicio».
Vargas ha enseñado su sentido autocrítico para abogar por que las instituciones, empezando por las judiciales, hagan muchos más esfuerzos y coordinados para que ninguna víctima, un padre, una novia, un hijo se sienta «desasistido» tras la pérdida de un familiar o que sufran, ellos en carne propia, una lesión grave.
Adjuntamos la entrevista realizada al abogado Octavi Lunes, Director Jurídico de @pereztiradoabog con @ElydValle en el Programa Hoy en Madrid de Radio Onda Madrid. El abogado Octavi Lunes comparte micrófono con Ana Novella, presidenta de la Asociación de Víctimas Stop accidentes.
El volumen de accidentados y fallecidos es tan grande que el fiscal jefe de la Sala de Seguridad Vial del Ministerio público, así como todos los fiscales de las delegaciones territoriales de cada provincia reunidos en el Centro de Estudios Jurídicos de Madrid, ha llamado a reformar dos leyes que no están siendo efectivas, ambas aprobadas en 2015: la reforma de los delitos imprudentes y del Baremo de Tráfico. Según Vargas, la situación ha empeorado y juega en contra de las víctimas tras la puesta en marcha de estas dos normativas.
En este sentido, ha reconocido que, tras diez años como fiscal coordinador, «muy poco» se ha avanzado en este sentido, convirtiendo a los afectados en «víctimas de segunda categoría», ya que la «delincuencia vial sigue devaluada». A esta devaluación ha contribuido que todos «sentimos que podemos ser quien provoca un accidente de tráfico»; que la sociedad todavía cree que las infracciones viarias son un tributo que se paga por el progreso tecnológico y no tienen suficiente gravedad para ser consideradas delictivas.
Por ello y sobre la reforma de los delitos imprudentes, Vargas ha alertado de que está generando una «despenalización en la práctica de la tutela penal y es que la infracción penal es algo privado». «Subyace ahí incluso una concepción criminológica de que este tipo de delincuencia es propia de gente honrada, y por tanto todos la podemos cometer y por tanto la devaluamos», ha argumentado.
Para contrarrestar esa opinión asentada entre la población, Vargas se ha hecho acompañar de Pilar. Su hijo Fernando quedó en coma a los 15 años el 30 de abril de 2015 por la imprudencia de «un delincuente», un conductor con una tasa de alcohol en sangre elevada que se saltó un stop y lo atropelló, y con antecedentes penales por el mismo comportamiento al volante. Fernando se recupera ahora día a día de sus graves secuelas de movilidad.
Al lado de Pilar, Ana González no podía dejar de sollozar toda la mañana. Durante la comparecencia ante los medios, Ana ha contado que perdió a su marido el 21 de octubre de 2013 por la imprudencia de un camionero que arrolló a su pareja que circulaba en una bicicleta y no lo auxilió. Pilar señala que aparte de su lucha contra un proceso que se ha derivado de la vía penal a la civil, por la imprudencia leve del conductor, la ley recoge que «un muerto no necesita socorro». Así que el dictamen por el momento para el camionero ha sido la libertad y para su marido, el féretro. Por este motivo, Ana ha iniciado una campaña en Change.org (#Porunaleyjusta) para pedir cambios legislativos en relación con la penalización de la omisión de socorro y el homicidio imprudente.
La Fiscalía de Seguridad Vial va a impulsar una instrucción a todos los policías municipales para que instruyan a las víctimas en cuanto sufran un accidente. «Porque el acceso al proceso penal, tras la aprobación del Estatuto de la Víctima, ha mejorado jurídicamente, pero en realidad no. No saben qué hacer, cuándo intervenir, qué escritos deben presentar… y encima durante el juicio solo piden ser escuchadas, pero muchas veces se les corta hasta el relato de su tragedia personal», ha lamentado Bartolomé Vargas.
Asimismo, el fiscal de Sala ha detallado que las víctimas «sólo están amparadas en el proceso penal, que ha disminuido indebidamente porque se archivan las causas». «Esto no puede ser. Son 1.680 muertos al año», ha incidido con un notable enfado el fiscal.
Respecto al Baremo de Tráfico, Vargas ha puesto de manifiesto que «introduce mejoras», pero al mismo tiempo es «complejo» y las víctimas lo desconocen, lo cual hace que «no pueden tomar sus decisiones». Además, según las palabras del fiscal coordinador, el Ministerio Fiscal está llevando a cabo un seguimiento del mismo y ha apuntado que las tablas que incluye la norma para realizar los cálculos «se fundamentan en unas bases técnicas» que no están publicadas ni aparecen en ninguna parte ni saben cómo cotejarlas, lo cual representa una «laguna importante» en esa reforma legal. Para el fiscal coordinador, las víctimas no hablan de tú a tú con las compañías aseguradoras durante el proceso, por lo que no se produce una negociación de las indemnizaciones en condiciones de igualdad.
Como daban constancia tanto Pilar como Ana, una víctima se enfrenta a un duro proceso tras sufrir un siniestro: sufre depresiones, desequilibrios emocionales y psicológicos, pérdida de empleo, etcétera. El fiscal ha criticado con dureza que una víctima sin recursos económicos aún se enfrenta a una «absoluta indefensión», ya que la precariedad económica pasa doble factura a estas personas
